A la hora en que esta página salga de la rotativa de nuestro periódico puede ser ya ley votada en Cortes el proyecto de modificación parcial del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Que recordemos, ningún proyecto de ley ha encontrado un ambiente tan hostil en la opinión pública y en la de los profesionales del Derecho y de la Información, La Prensa de ayer todavia daba noticia del escrito dirigido al presidente de las Cortes por 173 periodistas de Madrid y de la petición de un Colegio de Abogados, que sigue a otros de diferentes Colegios españoles pidiendo la retirado del proyecto.
Las solicitudes de juristas y de periodistas son justificadas. El proyecto incluye entre sus reformas la redacción de unos artículos en que se consideran delitos las infracciones meramente administrativas de la ley de Prensa, Todo ello dentro de una ambigüedad incompatible con el principio de tipificación de los delitos. Con ello la libertad de Prensa queda reducida a una enunciación teórica y la seguridad jurídica en peligro. Si lo primero es grave porque supone un paso atrás, lo segundo lo es más como indicio de un despegue del Estado de Derecho. Pero a pesar de ello, hoy puede ser ya un hecho la conversión del proyecto en ley. ¿Cómo ha podido ocurrir tal cosa? Desde una perspectiva fenomenológica o de procedimiento con las Cortes actuales —en víspera de cesantia— y con su funcionamiento, ello es muy posible. Una ponencia seleccionada de la que formaba parte el mismo subsecretario de Información evitó una mayor apertura en la discusión de la ley de Prensa, coreado por otras dos procuradores de designación automática por su cargo político en la Secretaria General del Movimiento y en Sindicatos; una Comisión maleable, salvo excepciones, y un Pleno donde ya está cerrado el plazo de discusión lo permiten todo. El principio de representatividad ha estado escasamente actuante en las legislaturas anteriores a la ley Orgánica y hoy se habrá dicho que sí en el Palacio de las Cortes a lo mismo que en la calle se está diciendo que no. Quiera Dios que no ocurra así con los proyectos que han de dar paso a la mueva legislatura y que las elecciones sean sinceras y equitativas para que en el futuro no se dé este palpable divorcio. Desde un punto de vista sustantivo o política el nuevo texto del Código Penal forma parte del mismo estrato que los proyectos recientemente enviados a las Cortes: el recelo ante la libertad plena, la contradicción en el concepto de representatividad, de tal modo que hace inmotilizar en las leyes de ejecución lo que en las de principios resulta claro, abierto y dinámico.
La ley de Prensa va a cumplir un año. Durante él los profesionales de la información se han hecho acreedores a la confianza de la sociedad y, en consecuencia, del Estado. Las extra limitaciones administrativas han encontrado un freno constante en los Tribunales de Justicia, Pero estamos en peligro de que eso ya no ocurra. Los jueces, obligados a aplicar la ley sin entrar en su justicia intrínseca, se verán obligados a condenar cuando una fiscalía politizada se querelle por cualquier extralimitación administrativa que, en cada caso, habrá que encajar en el texto amplio que no define los delitos.
Por eso no solamente se han soliviantado los periodistas, que están directamente afectados por el muevo Código. También se han revuelto frente a él los hombres de toga. Se ha preferido la posible injusticia al desorden. Pero también se ha optado por la falta de información. Y esto en política es letal.
