Hace ahora cincuenta años las rotativas del diario Madrid dejaron de engrasarse. No tenían periódico que tirar. Una orden de cierre gubernamental lo impedía. Desde entonces se sucedieron muchos de los cambios que preconizaba el Madrid pero el periódico desaparecido quedó excluido, sin poder participar en ese proceso.
Pretextos administrativos fueron invocados para clausurar el Madrid el 25 de noviembre de 1971. A partir de ahí, comienza una andadura empresarial llena de dificultades, con compromisos ineludibles con la plantilla y con los proveedores, acreedores y letrados. Tras un insólito expediente de crisis donde los trabajadores y la em presa estuvieron representados por dos abogados del mismo bufete se fijaron las indemnizaciones mínimas a los integrantes de la plantilla que se abstuvo de nuevas reclamaciones porque entendía como parte contraria al régimen que había decretado el cierre. Pero las deudas apremiantes desembocaron en la liquidación de los activos, y el 7 de febrero de 1972, la sociedad editora anunció la venta de gran parte de su patrimonio. Para culminar esta forzada enajenación, el 7 de marzo de 1973 fue necesario vender el edificio de la calle General Pardiñas, número 92, esquina a Maldonado. En 59 millones se fijó el importe del solar.
La empresa había presentado recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial de cierre en el que se desestimó que los trabajadores fueran parte. Y entonces comenzó un largo recorrido judicial tramitado con muchas instancias públicas y corporativas en plenitud de poder ante las que comparecía en franca inferioridad una sociedad editora desposeída del más valioso medio para ser tenida en cuenta a la hora de hacer valer sus derechos, la cita diaria con sus lectores.
El 24 de abril de 1973 los nuevos propietarios del edificio que había sido sede del periódico ordenaron la demolición del inmueble, sobre cuyo solar en chaflán, la empresa «Sagar» construiría un centenar de apartamentos de uso residencial. Se eligió para el derribo el sistema de voladura controlada que hizo así uno de los primeros ensayos de ese procedimiento en España. Toda la prensa nacional e internacional estuvo pendiente de la destrucción física de la sede del periódico que añadía notas de visible crueldad a la aniquilación administrativa del diario decretada año y medio antes. En tanto que la diáspora laboral de sus redactores y empleados se prorrogó durante varios años porque su reacomodación profesional fue dura, difícil y en algunos casos imposible, una vez que habían sido incluidos en las listas negras del sistema y que contratarlos significaba malquistarse con el régimen.
Después de una singladura judicial moteada de dilaciones y recursos con la falta de diligencia imaginable, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó sentencia favorable a la empresa del Madrid y condenó a la Administración por daños y perjuicios ocasionados por el cierre, al tiempo que obliga a reponer la inscripción en el Libro Registro de Empresas Periodísticas. En los años transcurridos, desde el acto administrativo declarado ilegal al fallo judicial, los acontecimientos terminales de la dictadura tocaron muy tangencialmente a lo que había significado la obra del diario Madrid en las postrimerías de aquel sistema político liberticida. Combatió con la crítica y con el análisis el final de aquella etapa, pero no pudo asistir a su descomposición definitiva. Emergieron otros proyectos periodísticos a la luz de los cambios que se avecinaban tras la desaparición del dictador.
La ejecución de sentencia sufrió un nuevo retraso por un recurso del primer gobierno de la Monarquía aún preconstitucional ante la Sala Especial de la Revisión del Tribunal Supremo, que resolvió con la confirmación íntegra de la sentencia anterior, el 14 de junio de 1977, fecha blasonada simbólicamente: un día antes justamente de la celebración de las primeras elecciones democráticas con las que empezaba a arrumbarse el régimen autoritario y personal de Franco. La materialización de la condena a la Administración, no supuso en este caso excepción alguna. Transcurridos cuatro años sin que hubiera sido ejecutada la sentencia, la compañía editora tomó medidas dinamizadoras con el propósito de llegar a término del proceso enojoso para fijar la indemnización pendiente. Se presentó el expediente en Presidencia de Gobierno, le siguió la denuncia de la mora por ausencia de respuesta y, finalmente, no quedaba otra vía que demandar incidentalmente la ejecución del fallo del Tribunal Supremo.
Paralelamente, se acudió al Tribunal Constitucional por una infracción del Tribunal Supremo en la concesión de una prórroga. Los distintos gobiernos de la Unión de Centro Democrático, por unas u otras razones, abandonaron la idea de la transacción, la del acuerdo para reponer a la empresa en condiciones que permitiesen la reanudación de su objeto periodístico. En enero de 1983, se celebró la vista en el Tribunal Supremo, que fue interrumpida mereced a las instrucciones que había recibido el Abogado del Estado para agotar las posibilidades de negociación entre Estado, representado entonces por el Gobierno Socialista y la empresa editora. Las con versaciones para la obtención del acuerdo que pusiese punto y final al contencioso nunca llegaron a cuajar, y la Sala Tercera del Supremo, en Auto de junio de 1983, fijó en 580 millones de pesetas la indemnización por el atropello cometido en 1971, que afectó a la libertad de expresión, de información y a los fundamentos mismos del desenvolvimiento mercantil conforme a los usos empresariales de las sociedades libres.
Ni tan siquiera el auto cuantificador de 1983 desencadenó una respuesta ágil en la Administración para resolver la ejecución. Tuvieron que pasar casi dos años hasta que, en diciembre de 1984, el Consejo de Ministros aprobó un crédito extraordinario, que se demostró pagadero en abril de 1985. Es decir, que el diario Madrid experimentó desde 1971 a 1985, durante catorce años, una peripecia en una doble dimensión, judicial y administrativa, que quebró todo un potencial apuntado fundamentalmente desde 1966 a 1971. El periódico no pudo asistir al resurgimiento en España de una situación que la homologaba con las naciones del mundo libre por esa combinación de inacción e insensibilidad de los distintos gobiernos.
En 1985, se adquirió el edificio abandonado del desaparecido diario «Informaciones», en la calle de San Roque, en Madrid. El Ayuntamiento denegó las licencias precisas y entonces se enajenó. Dos años más tarde en 1987, la editora del Madrid se hizo con la propiedad del inmueble para sede del diario «El Sol» en la calle madrileña de Larra, que se encontraba en estado ruinoso. Su rehabilitación requirió recursos que iban agotando las reservas económicas. Se emprendieron algunas tentativas en el campo de la edición con la marca Madrid como estandarte, pero antes hubo que sustanciar algunas divergencias paralizadoras surgidas entre los albaceas encargados de formar con las acciones del fallecido Rafael Calvo Serer una Fundación que prosiguiera su empeño a favor de la reaparición del Madrid. Ese empeño vino a verse decisivamente respaldado con la iniciativa generosa de Luis Valls Taberner que en abril de 1991 dio lugar a la cesión de sus acciones en favor de los antiguos empleados del Diario.
Ahora, cuando se han concertado al unísono la editora y los trabajadores de la antigua plantilla, que han visto reconocida su valía en posiciones de prestigio profesional, se anuncian los nuevos proyectos de la Fundación Diario Madrid a la que han decidido entregar la suma de sus participaciones. Unos nuevos proyectos situados en el ámbito de la promoción de estudios sobre la profesión periodística y los medios de comunicación.
Antonio Campuzano
